El fiscal jefe vasco advierte de que la venta y el cultivo que no sea para el autoconsumo «en cantidades reducidas» constituyen delito
El viceconsejero de Interior exige a los jueces que aclaren si es legal la actividad de los clubes de cannabis
El consumo de cannabis se ha movido siempre en Euskadi en una nebulosa tan etérea e indefinida como las volutas de humo que flotan sobre un canuto. La permisividad policial con que habitualmente se ha contemplado este estupefaciente, frente al rigor con que se persiguen las denominadas 'drogas duras'; sus supuestos efectos terapéuticos, que abren el camino a su uso por pacientes de determinadas patologías, como algunos tipos de cáncer, y su extendido uso en capas sociales alejadas de la marginalidad han jugado generalmente a su favor. En el otro platillo de la balanza pesan sus cada vez más contrastados daños a la salud, especialmente los que produce al cerebro de los adolescentes, y una legislación que sigue penalizando su tráfico aunque permita el consumo a pequeña escala. Pero ¿dónde está la línea roja?
El Gobierno vasco anunció hace unos meses la redacción de una ley de Adicciones para regularizar la venta, el consumo y el cultivo de marihuana en el entorno exclusivo de las asociaciones de consumidores legalizadas en Euskadi -la única comunidad autónoma que cuenta con un registro al respecto-, que superan el medio centenar. Poco después, el Parlamento vasco aprobó con el apoyo de todos los grupos la creación de una ponencia que estudie el papel de estos clubes sociales y corregir así la situación de vacío legal en la que se mueven. El anuncio motivó la inmediata reacción de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, que subrayó que de vacío legal nada, y cerró las puertas a toda tentación de dar carta de naturaleza a estas actividades: las asociaciones de consumidores de cannabis no pueden tener plantaciones de marihuana y, por supuesto, no pueden venderla sin incurrir en delito, advirtió el fiscal jefe, José Ramón Noreña, quien avisó a estos colectivos de que serán estrechamente vigilados porque, a su juicio, «se están financiando con el tráfico de estupefacientes». En cuanto a la posible regularización de estos clubes, recordó que «ninguna comunidad autónoma tiene competencias para ello».
Sus palabras no impidieron que el acuerdo parlamentario siguiera su curso. Ayer, en el marco de esta ponencia, el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Miguel Buen, pidió que los órganos legisladores competentes «clarifiquen» si la actividad de los clubes sociales del cannabis puede o no ser constitutiva de delito, tras subrayar que se trata de una «realidad social» en la que se involucran más de 5.000 personas en Euskadi.
A disposición judicial
Buen reconoció que está claro que el consumo privado de cannabis no es delito, pero sí lo es el consumo público, así como su transporte y cultivo. Lo que los órganos competentes deberían «clarificar», indicó, es la legalidad o no de aspectos como la actividad de los clubes sociales del cannabis. «Hay una realidad social y hay unas leyes, que si se tienen que adecuar a ella, en el sentido de legalizar el cultivo y almacenamiento de la marihuana, tendrá que hacerlo quien le corresponda. Mientras tanto, desde Interior tenemos unos criterios a seguir y actuamos conforme al Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana», planteó.
El viceconsejero admitió que, ante la duda, Interior aplica la sanción mínima cuando se trata «de un grupo que se fuma unos porros en la calle o de cosas menores», pero precisó que «cuando se trata del cultivo de 200 o 300 plantas se pone a disposición judicial».
También declaró en la ponencia el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, quien advirtió de que los clubes sociales del cannabis no pueden cultivar esta droga, y menos venderla, por mucho que su finalidad sea pretendidamente terapéutica.
Calparsoro recordó que en unas recientes jornadas celebradas en Bilbao por la Fiscalía Antidroga quedó claro que estos clubes sólo pueden hacer «planteamientos de debate y de propugnar una legalización del consumo», porque si mantienen el cultivo y la venta «incurrirían en un delito». Puntualizó, a este respecto, que los fiscales creen que no sería delictivo el cultivo para el autoconsumo, pero «en cantidades reducidas».
Según informó ayer el fiscal jefe, algunos clubes de cannabis vizcaínos y alaveses están siendo investigados e inmersos en causas judiciales por este motivo.
Fuente: el correo.com
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